En un comunicado de prensa, esta Administración subrayó que los hechos naturales son imprevisibles e inevitables, haciendo referencia al accidente que resultó en la tragedia de los niños y su preocupación radica en la posibilidad de que la justicia culpe a los guardaparques por las consecuencias de fenómenos naturales, lo que tendría un impacto significativo en las actividades turísticas, el uso público y las actividades culturales y laborales derivadas de los parques nacionales.

Para destacar su apoyo y recalcar las implicaciones de una posible condena injusta, los trabajadores llevarán a cabo diversas medidas de fuerza. Es por ello que al 2 de noviembre, el acceso a algunos parques será restringido y esta acción está destinada a mostrar la preocupación colectiva y a enfatizar que culpar a los guardaparques por eventos naturales podría afectar gravemente la posibilidad de visitar áreas protegidas.

Según informó Télam, los parques afectados por las restricciones incluirán el Lanín, Sierra de las Quijadas, Quebrada del Condorito, el Parque Nacional Chaco y el área del Valle Encantado en el PN Los Cardones. Además, el jueves se sumarán a esta protesta con restricción total los parques de El Palmar, Aconquija, Monte León, Leoncito, Talampaya, Quijadas, Arrayanes, Huapi, Alerces, Chaco, Cardones, Pre-Delta, Iberá, Mburucuyá, Bosques Petrificados de Jaramillo, Ciervo de los Pantanos y el Parque Nacional Iguazú.

La decisión de cerrar temporalmente los parques nacionales ha sido recibida con comprensión por parte de la Administración Nacional de Parques Nacionales, que ha pedido a los visitantes que se comuniquen con los parques o consulten sus redes sociales para confirmar la disponibilidad antes de planificar sus visitas.

El Sindicato de Guardaparques Nacionales expresó su profunda preocupación por el proceso judicial y subrayó que la responsabilidad de los guardaparques es preservar las especies dentro de las áreas protegidas, no convertirlas en zonas urbanas donde los turistas están exentos de riesgos inusuales.

El caso judicial se remonta a 2016 cuando un roble pellín de aproximadamente 40 metros de altura cayó en la playa del balneario Catritre debido a ráfagas de viento que rompieron sus raíces descalzadas.

Este accidente resultó en la trágica muerte de dos niños y heridas a dos adultos y los cuatro guardaparques procesados, junto con dos miembros de la comunidad mapuche local, enfrentan cargos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas graves, así como por incumplimiento de los deberes de funcionario público debido a su presunta negligencia al no advertir sobre la zona de riesgo en el camping Lolen.