Según precisó, actualmente se registran 235 suspensiones notificadas de manera irregular. “Los beneficiarios no reciben aviso formal. Se enteran cuando van al banco y encuentran la cuenta en cero. Esto genera una situación de extrema vulnerabilidad, especialmente porque impacta en la cobertura de obra social”, advirtió Goyochea.

El amparo incluye una medida cautelar que solicita la restitución inmediata de los beneficios. “Confiamos en que el juez federal dará curso en el transcurso de esta semana, y que a más tardar la próxima podrá resolverse este planteo”, indicó.

El funcionario consideró que la situación responde a un esquema de ajuste y denunció que “no se trata de un mecanismo legal, sino de un esquema corrupto que depende de la Secretaría General de la Presidencia”.

Finalmente, remarcó que las pensiones por discapacidad ya cuentan con mecanismos estrictos de control y que las exigencias documentales no justifican las suspensiones masivas que están afectando a cientos de beneficiarios en la provincia.