Una fuerte movilización sacudió al barrio Ricardo I de la ciudad de La Rioja luego de que un grupo de padres decidiera tomar el edificio del Jardín de Infantes Nº 50 “Divino Niño Jesús”, ante la denuncia de presuntos hechos de abuso sexual en el establecimiento. La medida forma parte de una protesta que exige esclarecimiento, mayores controles y responsabilidad institucional.

Según informaron los propios familiares, el conflicto comenzó tras la difusión de una denuncia que atribuye al jardín y a su personal la posibilidad de que se hayan cometido “hechos graves” con menores. Un padre, identificado como Franco Leguizamón, señaló que “no nos dieron respuestas concretas, por eso decidimos permanecer hasta que haya una apertura de causa y una investigación que nos dé certezas”.

Durante la jornada de toma, los padres permanecieron en el edificio con pancartas, custodiaron el ingreso y solicitaron la presencia de autoridades del Ministerio de Educación y de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAJu), para que se garantice la contención de los niños y se proceda con protocolos de protección. Parte del gremio docente, autoridades escolares y la comunidad educativa se vieron involucrados como escuchantes del reclamo.

La denuncia apunta además a la falta de intervención estatal o institucional, ya que los padres adujeron que “las familias siguen esperando respuestas” y que “no se activaron los protocolos de abuso” correspondientes al ámbito escolar. Indicaron la necesidad de “transparencia y celeridad”, advirtiendo que acudirán a otras instancias si la investigación no avanza.

Las autoridades del Ministerio Público Fiscal se encuentran analizando la presentación formal realizada por los padres, y se estudia si ya existe o debe impulsarse la apertura de una causa penal. Mientras tanto, la toma del edificio permanece con vigilancia y comunicación con los padres.

La comunidad educativa del Jardín Nº 50 atraviesa un momento de tensión y exige que la emergencia sea atendida a la brevedad. Los padres advirtieron que mantendrán la medida hasta que haya avances concretos en la investigación y se garantice la protección de los menores afectados.