En 1938 durante el Primer Congreso Nacional de Periodistas, celebrado en la provincia de Córdoba, se estableció esa fecha para celebrar el Día del Periodista y de la Periodista.

“Si los pueblos no se ilustran, si no se divulgan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que puede, vale, debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y será tal vez nuestra suerte cambiar de tiranos sin destruir la tiranía”, sostenía el abogado, periodista, político, y partícipe de la Revolución de Mayo, Mariano Moreno.

En las primeras ediciones, Mariano Moreno se preguntaba en una de sus editoriales en La Gazeta:

“¿Por qué se han de ocultar a las Provincias sus medidas relativas a solidar su unión, bajo nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes de las noticias prósperas o adversas que manifiesten el sucesivo estado de la Península? Para el logro de tan justos deseos ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal”.

Había transcurrido siete días desde el memorable 25 de Mayo de 1810. El primero de junio la Junta dictó el decreto que disponía: “salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de Gazeta de Buenos Aires”. Así se hizo y el 7 de junio ya estaba en la calle.

La Gazeta de Buenos Ayres nació para ser un órgano de difusión de las ideas de la Primera Junta de Gobierno. Fue un periódico impreso en Buenos Aires hasta 1821, y en él escribieron personalidades destacadas como Manuel Belgrano y Juan José Castelli.

Proyecto de ley

En vísperas del Día del Periodista, diputados de distintos bloques de la oposición presentaron una iniciativa para que por ley el Estado garantice la protección de la tarea periodística, frente a los constantes ataques y riesgos a los que se ven sometidos los profesionales de la prensa.

El proyecto lleva las firmas de Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), Pablo Juliano (Democracia para Siempre), Sergio Palazzo (Unión por la Patria) y Juan Manuel López (Coalición Cívica).

En el texto se propone un marco normativo integral que contemple, entre otras cuestiones, la definición de principios rectores; la creación e implementación de mecanismos de protección y sistema de alerta temprana; la obligación estatal de investigar y sancionar agresiones contra periodistas y/o su entorno; y el reconocimiento del derecho a la protección de las fuentes informativas.

“La actividad periodística, cuando se ejerce en libertad y sin represalias, constituye una herramienta clave para la rendición de cuentas del poder público, la transparencia institucional y la deliberación democrática. Sin embargo, muchos periodistas, fotorreporteros y trabajadores de prensa desarrollan su labor en condiciones de vulnerabilidad, con escasa protección institucional frente a los riesgos derivados de su ejercicio profesional”, sostuvieron los legisladores en los argumentos.

Y agregaron que “esta iniciativa se presenta como una herramienta para desalentar la impunidad de quienes intentan silenciar voces y restringir la diversidad de perspectivas y opiniones”.

Uno de los artículos prevé que “el Estado tiene la obligación de generar un entorno propicio y seguro para el ejercicio de las labores de periodistas, fotorreporteros/as y trabajadores de prensa”. En este sentido, se deberá “adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia” contra prensa; la capacitación periódica de funcionarios y empleados; y garantizar la actividad periodística en contextos de manifestaciones públicas, entre otros puntos.

También se establece la creación en el ámbito del Poder Legislativo Nacional de un “Mecanismo de Protección Interinstitucional”, que articulará sus funciones con organismos e instituciones que cumplen tareas relacionadas con el objeto de la ley y podrá suscribir convenios con las mismas.

“En un contexto en el que la labor periodística se ve cada vez más amenazada, se vuelve indispensable que el Estado asuma un rol activo en la protección de quienes ejercen esta función esencial. El periodismo constituye una herramienta fundamental para la vida democrática”, enfatizaron los diputados.

A su vez, advirtieron que “tanto en nuestro país como en la región, se registra un preocupante aumento de ataques, amenazas, hostigamientos, estigmatización, vigilancia, restricciones y represiones al trabajo de los profesionales de la comunicación”.