El Congreso debate la posibilidad de sancionar una ley que declare la emergencia del sector textil y del calzado. La iniciativa es del diputado nacional riojano Ricardo Herrera y tiene el aval de otros 15 legisladores, entre ellos Hilda Aguirre de Soria, Sergio Casas y Gabriela Pedrali.

Según el texto se solicita iniciar una investigación de salvaguarda durante seis meses a través de la Comisión Nacional de Comercio exterior. Ese tipo de acciones son medidas de “urgencia” contra las importaciones de productos determinados, independientemente de su procedencia.

“Se deben aplicar únicamente durante el período necesario para prevenir o reparar el daño y facilitar el reajuste de la industria nacional”, aclaran desde el Congreso nacional. Inclusive, en sus argumentos el proyecto precisa que existe una ampliación de las importaciones en estos rubros por las bajas en los aranceles y remarca que se está trasladando a despidos de personal.

Es decir, que la propuesta parlamentaria está intentando frenar las importaciones que están golpeando a los dos sectores.

Por otra parte, en caso de ser sancionada la emergencia, se prohíbe cualquier incremento tarifario en energía eléctrica, gas o agua para las empresas del sector durante el periodo de 180 días y en el mismo plazo de tiempo la suspensión de despidos de personal por parte de las empresas.

El proyecto de ley se encuentra actualmente en las comisiones de presupuesto, industria y legislación del trabajo, esperando dictámenes de cada una de ellas.

La propuesta contó con el respaldo de los cuatro diputados peronistas riojanos, al igual que sus pares catamarqueños. En el mismo sentido, ese esquema de respaldo partidario y de origen provincial se repetirá en el Senado.

La industria textil y de indumentaria de Argentina está inmersa en uno de los momentos más críticos de su historia reciente. La alarmante situación se visibiliza en un reciente informe de la Fundación Pro Tejer, que detalla un panorama de caídas generalizadas en ventas, producción y empleo. Durante el primer trimestre de 2025, el 50% de las empresas del sector reportó una disminución en sus ventas respecto al mismo período de 2024, con una baja promedio del 5%. Si se extiende la comparación a los últimos dos años, el escenario es aún más desolador: 7 de cada 10 compañías experimentaron una contracción en sus ventas, con un retroceso promedio del 21%.

Esta drástica caída en las ventas impactó directamente en el mercado laboral. Desde fines de 2023 hasta marzo de 2025, el 72% de las empresas textiles adoptó medidas que afectaron a su personal, y un preocupante 6 de cada 10 firmas redujeron su plantilla de empleados. Esto consolidó un ajuste masivo en el sector, resultando en miles de despidos y suspensiones a lo largo y ancho del país. En cuanto a la producción, la mitad de las firmas consultadas registró una contracción promedio del 3% interanual. Sin embargo, al comparar con el mismo trimestre de 2023, el desplome productivo alcanza al 75% de las empresas, con una caída promedio del 20%.

La utilización de la capacidad instalada en la industria textil se mantiene en niveles históricamente bajos. Solo el 35% de las empresas mostró una mejora marginal respecto a 2024, pero ninguna logró recuperar los niveles de producción de hace dos años. En una comparación más amplia, el 80% de las compañías informó retrocesos en la utilización de su capacidad, lo que evidencia un aparato productivo inmovilizado y sin signos de reactivación.

El informe de Pro Tejer identificó tres factores clave que explican la profundidad de esta crisis. En primer lugar, la pérdida del poder adquisitivo por parte de los consumidores fue mencionada por el 82% de las firmas, afectando directamente la demanda interna. Le siguen el avance descontrolado de las importaciones (mencionado por el 63% de las empresas) y la apreciación del tipo de cambio (40%), que encarece la producción nacional y abarata los productos extranjeros. Estos elementos no solo desplomaron la actividad, sino que además generaron un freno total a la inversión: durante 2024, 7 de cada 10 empresas no invirtieron en maquinaria ni ampliaron su capacidad, y un contundente 80% no prevé hacerlo este año, lo que hipoteca el futuro del sector.

Las expectativas para el resto de 2025 son mayormente sombrías. Un 40% de las empresas cree que su situación empeorará, otro 40% no prevé cambios y apenas el 20% vislumbra alguna mejora. La mayoría plantea como necesidades urgentes una reforma tributaria productiva (84%), medidas contra la competencia desleal (54%) y una corrección del tipo de cambio (38%). También se destacan pedidos de financiamiento al consumo y políticas que refuercen el poder adquisitivo de la población.