A pesar de esas presentaciones, la Justicia concluyó que la determinación debía quedar en manos de la joven, al considerar que cumplía con los requisitos establecidos por la ley. Según publicó el diario El Confidencial, los médicos confirmaron que sus familiares permanecieron en el lugar hasta el final, aunque no presenciaron el momento de la muerte por pedido expreso de Castillo, que quiso atravesar el momento en su cuarto. El protocolo duró unos 15 minutos e incluyó sedación y la administración de tres fármacos.

El procedimiento se realizó por vía intravenosa, la modalidad que suele elegirse por su simplicidad, aunque también puede aplicarse de forma oral. Primero se administró una premedicación con Midazolam para disminuir el nivel de conciencia. El efecto fue rápido. Luego se suministró Propofol para inducir el coma profundo. Tras comprobar que el estado era el adecuado, se aplicó un bloqueante neuromuscular para completar el protocolo. En total el procedimiento duró entre 15 y 30 minutos.

La legislación española también contempla que la persona pueda autoadministrarse la medicación por vía oral, pero en este caso el procedimiento fue íntegramente asistido por el equipo médico.

La historia detrás del caso

Noelia Castillo vivía en Barcelona y su vida estuvo marcada por múltiples situaciones adversas. Durante su infancia pasó por centros de menores debido a un entorno familiar atravesado por consumos problemáticos y trastornos de salud mental, según reconstruyó el diario El País.

En 2022 fue víctima de una violación grupal. Meses después, el 4 de octubre, se arrojó desde el quinto piso de un edificio tras consumir cocaína. La caída le provocó lesiones irreversibles y la dejó parapléjica. Desde entonces sufrió dolor neuropático constante, pérdida de sensibilidad, incontinencia y dependencia casi total para las tareas cotidianas.

Con ese cuadro clínico, solicitó la eutanasia. En julio de 2024, la comisión evaluadora aprobó por unanimidad el pedido al considerar que presentaba una condición irreversible, con alto grado de dependencia y sufrimiento crónico. La decisión fue judicializada por su padre, con el apoyo de la organización Abogados Cristianos. Aunque un juzgado suspendió inicialmente el proceso, las instancias posteriores avalaron la legalidad del procedimiento y rechazaron los recursos.

Finalmente, la Justicia dejó la decisión en manos de la joven, quien reiteró hasta el último momento su deseo de no continuar viviendo.